El caso de Ana Obregón ha reavivado el debate de la gestación subrogada en España y ha provocado que de nuevo sobrevuele la pregunta sobre qué hay que hacer en esa materia. El Gobierno tiene muy clara su posición: mantiene el portazo a regular en favor de este tipo de prácticas. Hasta el punto de que se ha propuesto aplicar ya sanciones.
“Es una forma de violencia contra las mujeres”. Así lo han repetido estos últimos días las ministras de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, y de Hacienda, María Jesús Montero, del PSOE, tras ser preguntadas sobre el caso de la actriz, que a los 68 años ha acogido una niña por gestación subrogada en Miami.
Fuentes del Ministerio de Igualdad explican a ECD que las agencias de gestación subrogada “recurren a habituales estrategias de marketing, con un lenguaje y un tono claramente mercantil en la mayoría de los casos, y con argumentos tanto emocionales como de carácter técnico-científico”.
Recuerdan que estas agencias de intermediación deberían haber cesado de publicitar una actividad que en España es ilegal desde el pasado 2 de marzo, cuando la reforma de la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
