El primer Estudio y Observatorio de los Concursos Públicos de Relaciones Públicas y Digital, proyecto conjunto de La FEDE y ADC, confirma la necesidad de mejorar los procesos de licitación de la Administración Pública, el mayor anunciante de España en su conjunto y contratante de aproximadamente el 20% de la facturación de la consultoría de comunicación en España.
Su objetivo es analizar y establecer si las convocatorias de los concursos cumplen las pautas mínimas que garanticen el papel clave transformador e integrador que debería tener la contratación pública, garantizando la igualdad de acceso a ella de las empresas participantes, la mejor calidad de los servicios contratados, la eliminación de barreras de entrada a pymes y los principios básicos de proporcionalidad, igualdad de trato, transparencia e integridad.
Las medidas que defienden las asociaciones que realizan el Observatorio, según pautas de valoración del sector son, entre otras, ofrecer plazos de presentación de propuestas más razonables que garanticen su calidad, considerar prioritario el componente intelectual y creativo en la valoración de ofertas, eliminar barreras de entrada para pymes como pueden ser las exigencias de solvencia no proporcionales a la valoración del servicio a contratar, y la presentación de propuestas mediante soportes y canales adecuados, complementarios a la presentación electrónica si la Administración no dispone de capacidades suficientes.
En 2022 se convocaron 710 concursos públicos de servicios de RRPP y Comunicación Digital por todas las AAPP, con un presupuesto total estimado de 113,6 millones de euros. De ellos, se seleccionaron los 208 concursos con un presupuesto igual o superior a los 100.000 €, 71,4% del total, para ser analizados por el Observatorio de Concursos Públicos de RRPP y Digital.
Más de un 70% de los concursos analizados por el Observatorio no siguen alguna o varias pautas de las que el sector considera que garantizarían la contratación de calidad y el cumplimiento de objetivos que se marcan las propias AAPP a través de la contratación pública. La pauta menos seguida es posibilitar la presentación de ofertas por vías complementarias a la presentación electrónica, siendo frecuente que las propias AAPP no tengan canales electrónicos adecuados para recibir ofertas que, por la propia tipología de los servicios, requieren de capacidades tecnológicas mínimas (velocidad de transmisión, almacenamiento de datos, soportes y formatos compatibles). El 93,8% de los concursos no daba ninguna otra opción de presentación complementaria a la electrónica que ayudase a solventar problemas técnicos, siendo una barrera de entrada a la participación de agencias y consultoras, expertas en servicios audiovisuales y digitales.
Un 86,6% del total de concursos exige una solvencia de los participantes, en términos de facturación, elevada y desproporcionada en relación con el presupuesto del contrato, lo que restringe la participación de muchas pymes de alta especialización.
Especialmente problemáticos para el sector son los concursos en los que la mejor oferta económica (precio ofertado más bajo) es el principal criterio de adjudicación, muy por delante de propuestas técnicas cuyo contenido es fundamentalmente creativo e intelectual. Hasta un 10-12% de los concursos han tenido en cuenta el precio prácticamente como único criterio de adjudicación.
Sobre plazos de presentación de ofertas, más de la mitad de los concursos de RRPP y Digital (55,3%), establecen un plazo de presentación menor de tres semanas, que, si bien mantienen en el mínimo el plazo legal, es muy inferior al habitual que el propio sector privado aplica para contratar este tipo de servicios, y que rondaría entre tres y cuatro semanas como mínimo para garantizarse la elaboración de ofertas con calidad adecuadas.
Dolores González Pastor, directora general de ADC concluye: “El estudio refleja que la reciente normativa de contratación pública aprobada tiene aún margen de mejora para cumplir, tanto los objetivos de la propia Ley de Contratos del Sector Público, que a su vez recoge directrices europeas, como los objetivos de la Estrategia Europa 2020, que aboga por una contratación pública que fomente el crecimiento económico sostenible, la calidad de lo contratado, sea integradora, y fomente el acceso de las pymes, la transparencia, la eficiencia y la seguridad jurídica”. En este sentido, las recomendaciones que defienden ADC y La FEDE, reflejadas en los hallazgos del estudio son:
- establecer unos plazos para la presentación de propuestas mínimos de tres semanas para garantizar la calidad de la oferta
- considerar prioritariamente el componente intelectual y creativo de los servicios prestados como criterio de adjudicación
- eliminar barreras de entrada para pymes como pueden ser exigencias de solvencia no proporcionales a la valoración del servicio a contratar
- la presentación de propuestas mediante soportes y canales electrónicos adecuados o, si esto no fuese posible por los medios de la propia Administración, al menos poder complementarlo con otras vías de presentación.
