La Comisión Europa (CE) pone la mira en las ‘big tech’. Tanto los altos funcionarios comunitarios como los políticos nacionales han criticado en reiteradas ocasiones las “grandes salvaguardas” que estableció el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en vigor desde el año 2018. El reglamento recoge numerosas multas para aquellas que lo incumplan, con sanciones de hasta un 4% de la facturación anual global para las infracciones más graves. Sin embargo, cincos años después, parece que esas sanciones no están llegando por lo que Bruselas ha decidido actuar y dar el paso hacia una reforma.
El Reglamento encargó a las agencias de cada país la misión de investigar a las grandes tecnológicas que se establecieran en su territorio. En la práctica, eso dejó en manos de los gobiernos nacionales la decisión de decidir con qué intensidad investigar las violaciones de privacidad que afectan a ciudadanos de todo el continente.
Ahora, la CE sospecha que “algunos no están siendo todo lo efectivos que deberían en esa labor”, por lo que ha decidido inspeccionar su labor. “La Comisión Europea solicitará a todas las autoridades nacionales supervisoras de protección de datos que compartan con la Comisión, con carácter bimensual y estrictamente confidencial, una visión general de las investigaciones transfronterizas a gran escala”, advierte el Ejecutivo Comunitario en un comunicado.
De igual modo, la Comisión estipula que estos informes deberán incluir varios detalles claves -el número de caso, controlador o procesador involucrado, tipo de investigación-, junto con un resumen del alcance de la investigación incluidas las disposiciones del RGPD en cuestión, las APD en cuestión, las principales medidas procesales adoptadas y las fechas, así como la investigación o cualquier otra medida adoptada.
