Con el objetivo de establecer un marco más estricto para los servicios digitales, en el que se proteja mejor a los internautas y sus derechos fundamentales, el Parlamento Europeo aprobó el 5 de julio de 2022 la Ley de Servicios Digitales (DSA), favoreciendo su entrada en vigor en 2023 para las grandes plataformas digitales.
Esta nueva legislación impone una serie de obligaciones en materia de identificación y trazabilidad de vendedores y productos, que van a tener una incidencia directa en las empresas de eCommerce.“La ley de Servicios Digitales es una normativa europea que nace con el objetivo de proteger a los usuarios en la red y convertir Internet en un espacio más seguro”, comenta Ignacio García, director comercial de Generix Group, compañía especializada en soluciones tecnológicas para la gestión de intercambios B2B y B2C de la cadena de suministro. “El nuevo Reglamento pretende poner en práctica el principio de que aquello ilegal en el mundo físico lo sea también en el online”.
En total son seis las obligaciones que las compañías de comercio electrónico van a tener que adoptar con la entrada en vigor de la DSA:
- Poner en marcha medidas para combatir los contenidos ilícitos, en particular el odio y la desinformación.
- Aumentar los esfuerzos para mejorar la trazabilidad de los productos con el fin de detectar a los vendedores de productos ilícitos.
- Obtener garantías efectivas para los usuarios, incluida la posibilidad de recurrir las decisiones de moderación de las plataformas cuando se retiren o restrinjan sus contenidos.
- Ser más transparentes y ofrecer mejor información sobre las condiciones de uso y los algoritmos utilizados.
- Abandonar la publicidad dirigida a los niños o en base a categorías como el origen étnico, la opinión política o la orientación sexual.
- Aumentar la transparencia de todas las comunicaciones publicitarias y de marketing de influencers.
Estas obligaciones tendrán un alcance muy amplio y afectarán a todas las plataformas que alojen contenidos (redes sociales, motores de búsqueda, sitios de viajes o plataformas de comercio electrónico) y ofrezcan sus servicios en el mercado europeo. No importa que estos intermediarios tengan su sede en Europa o en cualquier otra parte del mundo. En cambio, las microempresas y pequeñas empresas con menos de 45 millones de usuarios estarán exentas de determinadas obligaciones.
