Al igual que en otras partes del mundo, España buscará regular la actividad de los influencers, y para ello la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha propuesto que estos creadores se regulen bajo el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, con lo que tendrán que cumplir con las obligaciones de protección al menor y reglas publicitarias.
De acuerdo con el regulador, «la consolidación de estos nuevos agentes que operan sobre internet requiere de un marco jurídico actualizado que permita lograr un equilibrio entre el acceso a los servicios de contenidos en línea, la protección del consumidor y la competencia».
Sin embargo, hasta el momento la CNMC no ha sido clara en cuanto a la definición legal de los requisitos que serán necesarios para ser considerado un prescriptor social o influencer, con el fin de someterlos a la normativa que se pretende dentro de la Ley de Comunicación Audiovisual, y por ahora la normativa que se aplica es la LSSI (Ley 34/2002), normativa que regula las actividades comerciales realizadas a través de internet, que señala que las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales, así como la persona física o jurídica en nombre del cual se realizan estas comunicaciones.
Es decir, los influencers bajo la nueva Ley de Comunicación Audiovisual deberían estar obligados a informar que su contenido es una promoción por la que reciben algún incentivo ya sea material o monetario, y debería abarcar tanto las publicaciones regulares en redes sociales, como una story, reel o vídeo en directo.
